Diversas organizaciones de derechos humanos de todo el país, junto con Corporación Fundamental, han denunciado la concesión de libertades condicionales a graves violadores de derechos humanos ante 4 órganos de Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator sobre la tortura; la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales y el Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, todos dependientes del Consejo de Derechos Humanos.

En la denuncia se alega que el Estado de Chile falla en establecer requisitos diferenciados para conceder beneficios penitenciarios, no distinguiendo entre los condenados por delitos comunes o por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Esta falla se refleja en que el Decreto Ley de Libertad Condicional, de 1925, no ha sido objeto de reformas para establecer esta distinción, lo que supone una omisión de parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la que resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Agregan que tal omisión ha provocado que desde el año 2016 los Tribunales de Justicia han concedido la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin atender a la gravedad de los delitos ni a la finalidad de luchar contra la impunidad, cuidando que las penas para estos condenados sean proporcionales a la gravedad de los hechos por los cuales fueron enjuiciados.

En esa línea, al conceder los beneficios de libertad condicional el 30 de julio pasado, el Estado chileno en su conjunto ha incumplido numerosas recomendaciones y estándares internacionales, especialmente las que formuló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en 2017, cuando manifestó su preocupación en torno a que “la aplicación de beneficios en la ejecución de la pena afecte el carácter reparatorio y su poder como garantía de no repetición de los procesos judiciales”.

La comunicación solicita que el Estado de Chile realice un informe dando cuenta de su posición al respecto, y que se formulen recomendaciones para que el Estado modifique la normativa legal vigente y se prevenga que otros violadores de derechos humanos accedan a beneficios sin los requisitos necesarios de acuerdo al derecho internacional.

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