Frente a los hechos de violencia sufridos por funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoras de Derechos Humanos, declaramos lo siguiente:

El día jueves 12 de mayo, en la ciudad de Antofagasta, se realizó una manifestación de apoyo a los habitantes de Chiloé que viven un fuerte conflicto socioambiental. En ese contexto, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizaban labores de observación y documentación de la manifestación, supervisando la labor de Carabineros de Chile en el control del orden público. Mientras se realizaba dicha labor, la jefa regional, Srta. Fernanda Torres, y profesional de la unidad, Srta. Karen Lagues,
quienes portaban sus identificaciones y vestían sus chaquetas institucionales, fueron detenidas, agredidas y golpeadas por funcionarios de Carabineros de Chile. Los carabineros que las detuvieron no portaban identificación y se negaron a identificarse cuando esto les fue solicitado, faltando así a su obligación legal.

Consideramos de la mayor gravedad que Carabineros de Chile, cuerpo policial bajo el mando directo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, agreda violentamente a funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se encontraban trabajando para la protección de los Derechos Humanos de todas las personas que se manifestaban en Antofagasta.

La Directora Nacional del INDH, Sr. Lorena Fríes, fue enérgica en condenar los hechos y se presentó una querella por los hechos relatados. A pesar de lo grave de la situación, no ha existido pronunciamiento oficial y público del Poder Ejecutivo, especialmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, superior jerárquico de Carabineros de Chile.

Entendemos que dicha agresión es aún más preocupante ya que los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por su trabajo en general y por su labor de supervisión en manifestaciones en particular, son Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, para efectos de la Declaración de Naciones Unidas respectiva. Por tanto la agresión a estos funcionarios constituye un desconocimiento del Estado de Chile de las garantías reforzadas que tienen estas personas para cumplir su labor de defensa de derechos. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad;
abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y
eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”.

Consideramos que estos hechos no sólo constituyen una agresión para las víctimas indicadas, sino que un amedrentamiento para ciudadanos, ciudadanas y sociedad civil que pretenden ejercer su Derecho a Manifestarse.

Descargar Declaración Pública en PDF: https://app.box.com/s/25yhdsl80fp420w6fjpk7is1g51nr5iw

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